Diccionario bertiano

Armengol no es de mis favoritos, pero aquí puso un punto sobre la í (Maura Barrabí)
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Las declaraciones de Berta Soler en Miami deben llamar la atención a quienes por largo tiempo o siempre han vivido en una sociedad democrática

Alejandro Armengol/ Cuba Encuentro

Berta Soler ha dicho en Miami que el incidente contra la integrante del grupo Damas de Blanco, Alejandrina García de la Riva, no se trató de un “mitin de repudio” porque “eso lo hacen los comunistas”, sino de un “mitin de rechazo”, según una información del diario español El Mundo. La diferencia no sería gramatical sino política.
De acuerdo al Diccionario Real de la Lengua Española, repudiar es “rechazar algo, no aceptarlo”, mientras que el rechazo se define por “la acción y efecto de rechazar”, es decir: el “mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo, comunidad, etc.”, lo que implica que la diferencia no radica en la etimología sino en la connotación —o mejor decir contaminación— política que ha adquirido un término.

Postular este relativismo etimológico no debe ser pasado por alto, con independencia de si en su formulación hay simplemente el acudir a una salida fácil, pura demagogia o un razonamiento señalado por otro.
Relativizar el significado de las palabras o adjudicarle un valor ideológico o político es un recurso socorrido de los regímenes totalitarios. Que su práctica se extienda hasta una disputa entre miembros de la oposición cubana alerta sobre la permanencia de patrones mentales y de conducta más allá de su uso original.
Relativizar el valor de las palabras es un recurso repetido por el régimen cubano, que no ha perdido vigencia. Incluso términos simples, como “ciudadano”, sirvieron no solo para caracterizar un grupo sino de estigmas políticos.
Por décadas, cuando un cubano solicitaba la salida de la Isla pasaba de inmediato de “compañero” a “ciudadano”.
Lo curioso es que la palabra ciudadano —habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos, como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país— se trasladaba de inmediato en una especie de alerta ante un potencial enemigo, aunque al mismo tiempo remitía a su valor original: no hay nada denigrante en ser un ciudadano sino todo lo contrario, ya que quien queda mal parado es aquel que pretende establecer esa distinción política y hasta bélica.
Sin embargo, dentro de la realidad cubana ese trastrueque de significados se lograba mediante una imposición desde el poder. En cierto sentido, es lo que pretende Soler, al otorgarle un valor a su conveniencia a los términos.
El uso inapropiado no resta peso a la carga emocional, que puede llegar a implicar la manipulación lingüística con fines políticos.
Confieso que tras décadas de vivir fuera de Cuba aún me choca en ocasiones, cuando por ejemplo en España oigo el término “compañero” referido simplemente a un asociado u otro trabajador o empleado.
El recurso autoritario, aplicado al lenguaje, funciona por lo general en varios niveles. Al relativismo etimológico ya enunciado se unen por lo general el empleo de la abstracción y la deshumanización, como medios para desvirtuar y alejar al real o supuesto enemigo.
De esta forma el discurso castrista recurrió con frecuencia, durante sus primeros años, tanto al recurso de la alusión como a una constante apelación a modos abstractos en medio de una retórica de confrontación cotidiana y omnipresente. Se hablaba de la “liquidación” de la explotación, el “ajusticiamiento” de los traidores y la “recuperación” de las propiedades del “pueblo”. Al mismo tiempo, se deshumanizaba a los opositores —”gusanos” en Cuba, “perros rabiosos” en China, “piojos” en la Unión Soviética— y se les situaba como fuerzas exteriores, ajenas al “verdadero pueblo”.
La distancia del ciudadano al compañero no era más que un primer paso, dentro de un supuesto marco legal —ciudadanos eran todos los cubanos que manifestaban su interés en abandonar el país— que implicaba un alejamiento ideológico, que figuraba fundamentalmente como advertencia ante de pasar a categorías más beligerantes, para identificar a los enemigos.
Curiosamente esta especie de retórica del apartamiento reaparece ahora en las respuestas de Soler durante una entrevista publicada en El Nuevo Herald, bajo el título: “No vamos a recibir órdenes de personas que viven fuera”, donde quienes hasta hace relativamente poco formaban parte del movimiento y durante años participaron y siguen participante en el movimiento opositor pasan a convertirse en seres extraños. Es decir, ya no son compañeras o antiguas compañeras sino simplemente personas —el equivalente al uso castrista de la palabra ciudadano— y el exilio se convierte en un sitio de afuera, el exterior sin vínculo definido: ni político, ni histórico, ni siquiera geográfico.
Esa práctica de la exclusión necesita ser justificada, y aquí el recurso empleado vuelve a ser de naturaleza castrista: el enemigo externo, el sempiterno concepto de plaza sitiada.
La apelación a un ambiente hostil y represivo, para explicar un modo de actuar, transforma un reclamo justo —es cierto que las Damas de Blanco han sido y son reprimidas por el régimen— en la justificación de una conducta, puesta en práctica en una situación interna: la disputa existente es entre miembros de la organización, en particular por el manejo de los fondos de la misma, no con simpatizantes del gobierno.
Lo más alarmante en todo lo ocurrido es que un instrumento represivo clásico del gobierno —el acto de repudio— fue utilizado en esta ocasión dentro del movimiento y por miembros de este: nadie vino desde el exterior a repudiar a las de adentro, ya que fueron ellas mismas las que se dividieron en dos bandos.
Por supuesto que de nuevo ha vuelto a esgrimirse el conocido argumento de la
influencia determinante de la Seguridad del Estado en la discordia. Pero lo que aquí cuenta, a los efectos del análisis, no es la existencia de este factor, sino la vulnerabilidad de la organización ante el hecho.
Más allá del mito de la eficiencia de la Seguridad cubana —algo admitido explícitamente como resultado de la discordia—se hace necesario reconocer al menos errores de liderazgo en la conducción del movimiento, algo que Soler no ha hecho.
Si todo se limita a señalar esa referencia al régimen —al actuar en un plano que va más allá de la represión más burda— y ni siquiera se plantea o señala la necesidad de ajustes —no hay una palabra de Soler en este sentido en la entrevista aparecida en El Nuevo Herald— se repite entonces un modelo cercano al empleado por el régimen: justificar cualquier error o muestra autoritaria a partir de la existencia de un enemigo poderoso.
Es difícil aceptar la supuesta participación activa de “alguien enviado por la Seguridad del Estado desde 2007 para recabar información sobre el grupo y promover malentendidos” y no añadir tanto una sustentación más sólida —y tampoco preguntársele al respecto— como al menos llevar a cabo el más leve análisis de culpas.
Sí, es cierto, el régimen castrista es malo, malvado y perverso. ¿Y qué más? ¿Cómo combatirlo?
A partir del hecho de que la oposición castrista es tanto meritoria y corajuda como voluntaria, el hecho de intentar practicarla no es de por sí un pasaporte a la inmunidad ante la crítica. Tampoco a la hora del examen debe ser un factor excluyente el encontrarse fuera o dentro de Cuba: el estar “en la candela” no implica una patente de corso. Si algunos se conforman con este argumento no quiere decir que todos lo acaten.
Más allá de los problemas internos de una organización reducida, cuyo momento más destacado parece haber pasado — “solo somos siete en Cuba de las fundadoras (sic)”, reconoce Berta Soler— vale la pena destacar que en estos momentos, tanto el grupo actual como su líder, se han convertido en un remedo para fines partidistas en Miami y Washington.
Por encima de la notable incapacidad de Soler al frente del grupo —nada nuevo por cierto—, lo que debe llevar a la reflexión es comprobar las limitaciones que enfrentan ciertos grupos y actos, dignos y reconocidos internacionalmente en su momento frente a la represión del régimen, pero imposibilitados de contribuir de forma sustancial a un esquema de futuro para la nación.
Las Damas de Blanco cumplieron su objetivo. Si deciden permanecer o no es una decisión de sus miembros, pero el otorgarle representación en una discusión nacional va más allá de sus derechos fundacionales —ya agotados—, y es un asunto abierto a la discusión.
Al tiempo que se comprende el arrastre que ciertos modos mentales pueden ejercer a largo plazo sobre alguien como Soler, cuya vida transita en buena parte dentro de ambiente autoritario o totalitario, resulta alarmante que tales esquemas no produzcan un llamado de alerta entre quienes por largo tiempo o siempre han permanecido en una sociedad abierta.
Quienes financian y guían a Soler desde el exilio deberían comenzar a preocuparse por la permanencia de patrones dictatoriales en la conducta de quien supuestamente aboga por la democracia.