De los 313 lineamientos económicos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista, el número 2 dice reconocer, además de la empresa estatal, la inversión extranjera, las cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructuarios, los arrendatarios y los autorizados a ejercer la pequeña actividad privada en el sector de los servicios (llamados de manera oficial "trabajadores por cuenta propia").
El lineamiento 308 es más específico al referirse a "introducir formas no estatales de gestión en el comercio, en los servicios gastronómicos, personales y técnicos de uso doméstico".
A tenor con ambos lineamientos, el Gobierno cubano ha dictado desde el año 2011 varios decretos leyes, decretos y resoluciones dirigidos a legalizar la actividad privada y la creación de Cooperativas no Agropecuarias (CNA).
En el caso de los pequeños negocios privados, la Resolución 41 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), autoriza 201 actividades que las personas naturales pueden ejercer previa licencia y pago de los impuesto.
Al cierre del pasado febrero, según una información dada a a la prensa por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 489.929 cubanos ejercían la actividad privada.
El Decreto-Ley 305 del Consejo de Estado autorizó la creación de las CNA. El Decreto 309 del Consejo de Ministros estableció el reglamento que rige el funcionamiento de esta nueva forma de propiedad.
El 15 de agosto de 2014 el Gobierno acordó la constitución de 498 CNA, de las cuales ya funcionan 342, ubicadas fundamentalmente en la gastronomía, los servicios técnicos personales, la construcción, y la industria. Su mayor presencia se registra en las provincias La Habana, Artemisa y Matanzas.
El presidente Raúl Castro y el titular de Economía y Planificación y responsable de la Comisión de Implantación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, nunca han dicho que la autorización de la actividad privada y la creación de las CNA están dirigidas a poner fin a la propiedad estatal sobre miles de establecimientos pequeños y medianos dedicados al comercio y la gastronomía.
El pasado año el Gobierno destinó 12 millones de dólares para garantizarle los insumos a esos establecimientos estatales para mantenerlos en funcionamiento. No obstante, continúa en ellos el mal servicio, la carencia de productos, el deterioro de esos locales por la falta de mantenimiento, los robos, los desvíos de recursos y la corrupción generalizados.
Quedan 12.988 establecimientos propiedad del Estado dedicados a la gastronomía y los servicios técnicos y personales de los 40.000 que existían hace 47 años.
Por decisión del gobernante Fidel Castro y bajo el amparo legal de la Resolución 82, dictada por el desaparecido Ministerio de Trabajo y puesta en vigor el 25 de marzo de 1968, se dispuso la intervención forzosa y sin indemnización de todos los comercios particulares. Tal acto de absoluta arbitrariedad fue bautizado como la Ofensiva Revolucionaria. Como resultado, de la noche a la mañana, decenas de miles de personas que laboraban en esos establecimientos se quedaron sin trabajo.
De acuerdo a la periodista Yudy Castro Morales, en su artículo "En busca de ofertas variadas y de mejor factura", publicado el 5 de diciembre de 2014, Ada Chávez Oviedo, viceministra del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), informó que se han arrendado 3.579 establecimientos, los cuales agrupan a 11.270 trabajadores, en una nueva forma de propiedad en la que laboran como trabajadores privados.
De las 323 CNA aprobadas por el MINCIN, 134 son locales dedicados a la gastronomía con menos de 5 empleados.
El periodista del diario Granma Julio Martínez Molina, en su trabajo titulado "Un proceso amplio, riguroso y planificado" del pasado 5 de febrero, cita a la titular del MINCIN, Mary Blanca Ortega Barredo, al afirmar que todavía quedan 10.000 establecimientos que continúan regidos por las empresas municipales y provinciales de Comercio y Gastronomía.
Ortega Barredo subrayó: "Es menester que los directivos y trabajadores acojan la nueva forma de gestión en la actividad gastronómica y de servicios". Pero dejó claro que estos establecimientos serán arrendados y no vendidos. Así, el Estado continuará como dueño de esos miles de chinchales y tugurios, que en estos momentos lo que ocasionan enormes pérdidas y son fuentes de corrupción generalizada.
Raúl Castro parece no tener interés en revertir la situación creada en 1968 por su antecesor Fidel Castro, cuando de golpe y porrazo puso fin a la propiedad privada en el comercio minorista.
El Gobierno ha autorizado los pequeños negocios privados, pero con tantas trabas que algunos no resisten, optan por entregar la licencia y cerrar el negocio.
Al arrendar en vez de vender, el Gobierno se empeña en la locura antieconómica de mantener la propiedad estatal sobre miles de pequeños comercios que solo dan pérdidas. Se resisten a enterrar de una vez la Ofensiva Revolucionaria.
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