Ley de Inversión Extranjera: más apartheid

A primera vista, la ley cubana de inversiones extranjeras (Ley 118, abril de 2014) tiene como objetivo atraer capitales al país con el fin de elevar sus niveles de producción, en especial de productos exportables. Atraer capitales extranjeros es perfectamente razonable para cualquier economía, pero en el contexto de Cuba es necesario hacer varias observaciones.

Todos los países, incluso los más ricos, se benefician de las inversiones extranjeras, o sea, del flujo de capitales proveniente de otras naciones para aumentar la capacidad productiva del país (inversión directa) o adquirir propiedades ya existentes o instrumentos de capital (inversión financiera). La economía cubana necesita estas formas de inversión, pero especialmente la directa, no solo para resolver su crisis crónica de producción sino por otras razones, todas perentorias. Una de ellas es la de crear una capacidad inversionista capaz de aumentar la pobre capacidad nacional de generar recursos para la inversión. O sea, la economía cubana bajo el castrismo ha sido incapaz hasta de generar un mínimo de inversiones para por lo menos asegurar el reemplazo de las existentes cuando fueron expropiadas y para generar suficiente empleo bien remunerado. En otras palabras, el supuesto socialismo cubano ni siquiera ha podido asegurar la "reproducción simple" (término marxista) de su economía, lo que debiera escandalizar a aquellos que todavía creen en este tipo de organización económica.
Otra de las razones para atraer capitales extranjeros a Cuba va más allá de lo que se ve a simple vista y consiste en atraer conjuntamente capacidades gerenciales de todo tipo a una economía que no solo perdió una proporción catastrófica de sus dotaciones de capital físico, financiero, humano y social, sino también la capacidad de manejo (management) de esos capitales.
Las expropiaciones de empresas en 1960 fueron seguidas por la pérdida masiva de su personal gerencial, administrativo y técnico, lo que ha afectado todos los aspectos operativos de las mismas. Esas operaciones incluían los procesos técnico-productivos; el manejo de personal y los salarios; la gerencia financiera y de inversiones; la administración de ventas, inventarios, distribución y mercadeo, entre otras. Para mantener las empresas funcionando y evitar el paro de su producción y el concomitante desempleo masivo, las expropiaciones fueron seguidas por el reemplazo de su personal ejecutivo con personas política e ideológicamente afines al Gobierno revolucionario. Pero el nuevo personal ejecutivo generalmente carecía de las calificaciones técnicas y administrativas de sus predecesores, lo cual tuvo como efecto casi inmediato la caída de los niveles de producción y eficiencia en prácticamente todas las empresas. Este deterioro de la capacidad productiva nacional fue la causa principal de que Cuba necesitara subsidios sustanciales de la Unión Soviética primero y de Venezuela después. Con el tiempo esta situación de depauperación gerencial donde la lealtad al Gobierno es más importante que la calidad de la administración empeoró, y así Cuba fue perdiendo la cultura de eficiencia productiva que la hizo un país solvente y relativamente próspero hasta 1959.
Esto fue parte del legado de incapacidad de manejo de la economía que Fidel Castro le dejó a su hermano Raúl. La economía cubana no solo tiene ahora que recuperar una parte de las inversiones que mal manejó y perdió durante más de 50 años de negligencia administrativa, sino que también tiene que restaurar una parte sustancial de la capacidad administrativa que también se perdió. De no ser así, Cuba volverá a perder los recursos invertidos en capital físico por no estar complementados por el capital humano técnico y gerencial necesario, como ha sucedido en varios ciclos desde el comienzo de la era castrista. De ahí que la Ley de Inversión Extranjera no solo sirva para atraer capitales físicos sino también sus complementos humanos, como ha sido el caso de las inversiones extranjeras en turismo, lo que tiene importantes implicaciones para los cubanos.
Una característica notable de esta ley es que excluye, sutil pero definitivamente, a los cubanos residentes en la Isla de participar como inversionistas en la economía del país, aunque no necesariamente a los que residen afuera. En este sentido la ley es ambigua y sujeta a ser aplicada a discreción por parte del Gobierno. El problema es que tal prohibición afecta a todos los ciudadanos cubanos de muchas maneras, sean o no empresarios o quieran o no ser inversionistas. Las expropiaciones castristas no se limitaron a las propiedades privadas que existían antes de 1960 sino también al derecho de los ciudadanos a invertir en su país, a crear la riqueza necesaria para su desarrollo, a tomar decisiones que los afectan directamente y a disfrutar de los beneficios de una participación activa en los asuntos económicos de la nación. Pero la nueva ley de inversiones extranjeras va en dirección a que los cubanos no solo queden excluidos como inversionistas en su país sino también como ejecutivos de esas inversiones por una razón obvia: los inversionistas extranjeros van a preferir llevar a Cuba sus propios ejecutivos porque han de confiar más en ellos que en los que el Gobierno cubano les asigne según estipula la propia ley.
Efectivamente, en su artículo 30.1 dicha ley establece que los empleados de las inversiones extranjeras serán contratados "por una entidad empleadora a propuesta del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social". Con estas restricciones los cubanos están limitados no solamente a ser asalariados de empresas estatales o extranjeras, sino también a ocupar empleos de menor rango en la economía de su país. El apartheid turístico que existió en Cuba por varios años renace con más fuerza, de forma legal, con esta nueva disposición oficial.
En estas condiciones, los efectos de la normalización de relaciones entre Cuba y EEUU dependerán de los grados de liberalización de la economía cubana que provengan de Washington y de La Habana. El levantamiento incondicional del embargo estadounidense sin que Cuba liberalice su economía hará el apartheid económico de los cubanos más profundo. Esto implica que siendo el ciudadano cubano más débil económicamente tendrá menos oportunidades de ganar en poder político. O sea, la Ley de Inversión Extranjera tiende a confirmar el dilema del presidente Obama según lo describí en unartículo anterior en este diario: si liberaliza demasiado (levantando el embargo) sin que Castro liberalice internamente, no logrará el objetivo (secundario) de mejorar las condiciones políticas de los cubanos, sino todo lo contario; acabará mejorando la economía en manos de la familia Castro y su entorno, aumentando su poder político y posiblemente desmantelando el sector cuentapropista que no necesitaría si las nuevas inversiones generan suficiente empleo. El Congreso de EEUU puede querer tener en cuenta estos puntos antes de levantar el embargo sin obtener nada a cambio.

Comentarios