La procuradora general de la Florida Pam Bondi anunció en la noche del viernes que el Estado del Sol se uniría a una demanda federal para bloquear la medida ejecutiva del presidente Barack Obama exonerando de la deportación hasta a 5 millones de inmigrantes indocumentados.
De los 18 estados que están demandando a la administración de Obama con respecto a la inmigración, todos tienen gobernadores republicanos o procuradores generales republicanos. Pero la Florida es el único estado indeciso importante que cuenta con una población hispana significativa, lo cual hace de la decisión de Bondi un tema potencial de campaña presidencial al comienzo del ciclo electoral del 2016.
En un comunicado por escrito, Bondi dijo que la demanda no se trata de asuntos políticos, sino de que Obama está eludiendo el Congreso y actuando por su cuenta.
“Esta demanda no se trata de la inmigración, esta demanda se trata de que el presidente Obama — una vez más — está excediéndose del poder que le concede la Constitución de Estados Unidos ”, afirmó Bondi, haciéndose eco del lenguaje de la demanda iniciada esta semana por el procurador general y gobernador electo de Texas, Greg Abbott.
“Tenemos que arreglar nuestro sistema de inmigración”, dijo Bondi, “pero hacerse de la vista gorda voluntariamente a las molestias de la ley y el orden no es una vía de remediar las cosas, sino una receta para la extralimitación presidencial injustificable”.
Pero los demócratas opinan que Bondi está conduciendo a los republicanos a un problema con los hispanos que los ha afectado en elecciones presidenciales recientes, y que amenaza volver a hacerlo. El gobernador republicano Rick Scott se ha mantenido alejado del conflicto y remitió toda pregunta a la oficina de Bondi.
El anuncio de la Florida de que se sumará a la demanda tiene lugar un día después de que los legisladores de la Cámara de Representantes federal, dominada por los republicanos, a quienes se unieron un puñado de demócratas de tendencia conservadora, votaron a favor de derogar la medida de Obama. Los dos congresistas republicanos de Miami-Dade, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Diaz-Balart, se unieron a la mayoría de los demócratas y votaron en contra del plan republicano.
La medida ceremonial, que no fue aprobada en el Senado de EEUU y tiene escasísimas probabilidades de ser aprobada por Obama, enfatizó el modo en que los republicanos de la Cámara han bloqueado la reforma bipartidista de inmigración, la cual fue aprobada en el Senado federal con la ayuda del senador republicano Marco Rubio.
La demanda alega que la decisión unilateral de Obama violó dos leyes federales diferentes al eludir al Congreso: la Ley de Procedimientos Administrativos y una cláusula de la Constitución de EEUU que afirma que el Presidente debe “asegurarse de que las leyes sean cumplidas fielmente”.
Obama y los demócratas alegan que él cuenta con autoridad ejecutiva para priorizar deportaciones y detenerlas en el caso de ciertos tipos de inmigrantes indocumentados. Al anunciar el plan el mes pasado, Obama hizo notar que presidentes republicanos tales como Ronald Reagan y George H.W. Bush habían emitido órdenes similares, aunque de menor escala.
En este caso, Obama dijo que aquellos elegibles son inmigrantes ilícitos que lleven cinco años en el país, no hayan cometido delitos graves y que sean padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Asimismo, Obama expandió una ley del 2012 llamada Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), que permite a personas jóvenes traídas ilegalmente a este país por sus padres permanecer en Estados Unidos y recibir permisos de trabajo.
Aunque las medidas de Obama fueron demasiado lejos para los republicanos, no llegaron suficientemente lejos para los activistas de inmigración.
Tras anunciar su plan, Obama fue abucheado en Chicago por activistas, provocando al Presidente a decir: “Lo que ustedes no han notado es que yo acabo de tomar una medida para cambiar la ley”.
La demanda federal se centra en ese comentario porque, según alegan los estados, el mismo muestra que Obama no se limitó a priorizar las deportaciones, sino que cambió la ley. La Casa Blanca trató luego de retirar esa declaración del Presidente cuando un vocero dijo que Obama sólo estaba “hablando de manera informal".
Pero, en numerosas ocasiones en años anteriores, Obama expresó la misma opinión que sus críticos republicanos. Obama dijo que el Congreso tenía que actuar para llevar a cabo una reforma de inmigración porque él no podía detener por sí mismo las deportaciones en masa.
Esos comentarios también se citan en la demanda, cuyos demandantes incluyen a Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, West Virginia y Wisconsin.
La demanda, presentada ante un tribunal conservador de Texas que ha fallado en contra de la administración de Obama en otro caso de inmigración, afirma que todas las declaraciones de Obama muestran que en esencia él ha instituido una ley sin la aprobación del Congreso.
“Los poderes concedidos al Presidente están establecidos expresamente en la Constitución de Estados Unidos, pero el presidente Obama ha decidido ignorar esos parámetros”, dijo Bondi.
La presidenta del Partido Demócrata de la Florida, Allison Tant, dijo en una declaración escrita que la decisión de Bondi de sumarse a la demanda era una señal de que “ella colocaba su agenda política de partido por encima de lo que conviene a los floridanos. No es sorpresa para nadie que Bondi se sume a una demanda de motivaciones políticas que busca asegurar la deportación de millones de inmigrantes y desgarrar a las familias”.
Rubio, quien ha tomado diversas posiciones con respecto a la inmigración, señala que él ha tenido por mucho tiempo una meta en mente: aprobar una legislación que tenga sentido.
En cuanto a la demanda de Bondi, opinó Rubio, no debería afectar a los republicanos en la arena política siempre y cuando ellos tomen medidas con respecto a la inmigración y señaló que Obama está eludiendo la Constitución.
“El precedente que ha establecido el Presidente es horripilante”, dijo Rubio. “Creo que la decisión del Presidente sobrepasa los límites de sus poderes constitucionales, y se puede decir convincentemente que los viola”.
Lo mismo que Bondi y que el mismo Obama, Rubio afirma que el Congreso necesita tomar acción. Pero, según Rubio, aprobar una ley grande de inmigración ya no es factible, de modo que el Congreso debería aprobar medidas legislativas de menor alcance, más centradas en problemas específicos.
“Nuestra reacción tiene que ser lo que deberíamos estar haciendo de todas maneras, que es aprobar reformas de inmigración, empezando por controlar la inmigración ilegal”, dijo. “Luego modernizaremos el sistema legal, y entonces lidiamos con las personas que están aquí ilegalmente de manera razonable pero responsable. Tenemos que ocuparnos de todo esto. Pero tenemos que ocuparnos de esto paso a paso. Y eso tardará un par de años”.
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