Más de 200 familias gallegas se movilizan para reclamar bienes expropiados en Cuba


Se calcula que el monto asciende a 600 millones de euros. DDC
Casi seis décadas después, más de 200 familias gallegas se movilizan en España para tratar de recuperar el patrimonio incautado por el castrismo.
Fincas de miles de hectáreas, residencias, mansiones, locales, solares, tabaqueras, pastos, cañaverales... El castrismo confiscó los bienes de las 3.000 familias más ricas que residían en La Habana entre 1959 y 1962. El 90% eran españolas; y la mayor parte, de origen gallego. Unos mil emigrantes regresaron a España con lo puesto, dejando atrás casas, empresas, fábricas, dinero e infinidad de bienes expropiados por el régimen, informa el diario La Opinión.
Desde que en abril del año pasado la sociedad 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales de Cuba, presentó en La Coruña su proyecto para negociar con La Habana la recuperación de las multimillonarias propiedades confiscadas, más de 60 afectados en Galicia ya firmaron un contrato con la empresa.

En proceso de firmar el contrato para que la compañía les represente en las futuras negociaciones con el Gobierno de Cuba hay otras 80 familias gallegas.
Los abogados de la sociedad rechazan que el acuerdo de indemnización suscrito entre Madrid y La Habana en 1986, bajo la presidencia de Felipe González, haya cerrado el paso a toda reclamación posterior.
Se calcula que el valor del patrimonio representado en Galicia asciende a 600 millones de euros.
El objetivo de la empresa es sumar al mayor número posible de afectados para reforzar la posición negociadora cuando se abran las conversaciones con La Habana y así llegar a una "solución amistosa".
Los propietarios o herederos que aceptaron en 1986 el convenio de indemnización entre los gobiernos de Cuba y España, según asegura la compañía, también podrán reclamar, ya que una sentencia del Tribunal Supremo español concluye que tal compensación de daños fue "parcial".
En aquel acuerdo, el Ejecutivo de La Habana se comprometió a pagar casi 33 millones de euros, de los que un tercio se abonaría en efectivo y el resto en especie. Los responsables de 1898 parten de la premisa de que las futuras autoridades cubanas tendrán que establecer algún tipo de sistema indemnizatorio, porque "la comunidad internacional no aceptará el borrón y cuenta nueva".