Un fiscal federal pide investigar a Cristina Fernández por presunto lavado de dinero

Un fiscal de Argentina imputó a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de dinero, según informó la agencia Télam.
La imputación se da en el marco de la investigación de presunto lavado de activos a través de la financiera SGI también conocida como La Rosadita.

El juez Guillermo Marijuán decidió además imputar al exministro kirchnerista Julio De Vido y a otras 13 personas que presuntamente habrían cometido este delito, de acuerdo a reporte de la agencia argentina.
El caso de La Rosadita es una investigación que adelanta la justicia argentina en la que según diarios locales, se llevaban a cabo operaciones económicas ilícitas como lavado de dinero, cambio de cheques al día con comisiones del 2,5%, triangulaciones con paraísos fiscales de políticos y empresarios, bajo absoluta reserva. 
A mediados de marzo el juez federal Sebastián Casanello llamó a prestar declaración a Martín Baez, hijo del empresario Lázaro Báez.
La empresa de Báez, Austral Construcciones, está ligada con contratos de construcción de obras públicas durante el gobierno kirchnerista.
Según consta en un escrito judicial, luego de que el juez Casanello viera un vídeo donde un grupo de personas cuenta grandes cantidades de efectivo y tomara declaración a una periodista, decidió llamar a Martín Báez y a otras tres personas que aparecen allí: Daniel y Sebastián Pérez Gadín, y Fabián Rossi.
Este caso sigue una investigación por supuestos delitos, relacionados con el lavado y desvío de fondos de obras públicas. Esta pesquisa implica a empresas relacionadas con Austral Construcciones, de Lázaro Báez. 
La investigación data de 2013 y fue iniciada luego de que el programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata presentara estas denuncias sobre lavado de capitales.
Daniel Pérez Gadín, es considerado contador de Báez y de Rossi, asesor financiero, según consigna la agencia oficial Télam. 
Canal 13, en su noticiero Telenoche, difundió el material que atribuyó a las cámaras de seguridad en una financiera en Buenos Aires ligada de negocios de Lázaro Báez.
Según las fechas en la imagen, este material es de entre septiembre y noviembre de 2012.
En su escrito el juez dice sobre este vídeo: "considero que se encuentra reunido el grado de sospecha necesario… para convocar a prestar declaración indagatoria" a los cuatro sospechosos ya mencionados.